Este mes se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la ONU para promover la conciencia sobre sus derechos y bienestar. Es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de crear comunidades más inclusivas.
La normativa en nuestro país tiene como uno de sus objetivos, el promover y regular la inserción laboral de personas con discapacidad. Es fundamental difundir esta normativa para que las empresas la implementen, dado que su aplicación efectiva aún enfrenta desafíos en la práctica.
La Ley N° 19.691 y su decreto reglamentario, establecen que los empleadores con 25 o más trabajadores permanentes deben incluir en su plantilla al menos un 4% de personas con discapacidad que sean idóneas para el cargo. Entre los beneficios para las empresas, se destacan los incentivos fiscales, como la posibilidad de acogerse a obras de accesibilidad conforme a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, el apoyo gratuito de operadores laborales y los incentivos adicionales por contratar más allá del mínimo requerido o trabajar con talleres y cooperativas integrados por personas con discapacidad.
Por su parte, los trabajadores con discapacidad gozan de derechos laborales, un despido especial que incluye una indemnización adicional equivalente a seis meses de salario más la correspondiente por ley. Para acceder a estos beneficios, las empresas deben registrarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mientras que las personas con discapacidad deben estar inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad administrado por el MIDES.
En línea con lo expuesto, este marco legal tiene como objetivo promover una inclusión laboral efectiva; sin embargo, su implementación en la práctica continúa presentando importantes desafíos.
Dra. Lucía Berriel